Crece la escasez de plazas en las residencias para personas mayores en España

Durante los años posteriores a la pandemia, las plazas residenciales para personas mayores han ido escaseando cada vez más. Durante los 3 años posteriores a la COVID-19 han aumentado 6.031 plazas mientras que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 600.000 personas.

Los datos demuestran la necesidad de plazas en residencias, ya que con el aumento de la población también ha incrementado el déficit. En 2014 faltaban 53.0103 plazas, y en el último año esta falta ha aumentado a las 89.324 como muestra la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Para poder atender a la creciente demando de plaza, se necesitaría un aumento mínimo de 35.000 para las personas con Dependencia de grado II (severa) o para las que poseen Dependencia de grado III (grandes dependientes), como comunican desde la Asociación. Las estadísticas SAAD de diciembre de 2024 del IMSERSO muestran que existe una lista de espera de 34.622 personas de grado II y 17.420 de grado III, sin contar las 65.602 que se mantienen a la espera de valoración.

El conjunto de datos hace una estimación de la necesidad de que mínimo se ampliasen para las personas de grados II y III esas 35.000 plazas, a las que hay que sumar otras casi 90.000 para que se puedan alcanzar al menos 5 plazas por cada 100 personas mayores.

Al igual que en los años anteriores, entre las comunidades en las que hay un mayor déficit podemos encontrar a Andalucía y la Comunidad Valenciana, sumando entre las dos casi 60.700 plazas. De la misma forma, existen comunidades donde podemos encontrar un exceso de las mismas, como por ejemplo Castilla y León, con 17.234 sobrantes.

En definitiva, España enfrenta un déficit crítico de plazas residenciales para mayores, que sigue creciendo ante el aumento de la población y la insuficiente creación de nuevas plazas. La necesidad de las mismas, sobre todo para las personas de dependencia de nivel II y III, junto con un desequilibrio regional significativo, muestra la urgencia de implementar medidas que garanticen una atención adecuada y equitativa para los mayores de 65 años.

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