RESIDENCIAS
El Gobierno lanza una estrategia para transformar el modelo de cuidados a personas mayores
El nuevo plan estatal, con una dotación inicial de 1.300 millones de euros, busca eliminar las macroresidencias y fomentar los cuidados domiciliarios, mejorando también las condiciones laborales en el sector.
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El Gobierno español ha aprobado la "Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)", con el objetivo de transformar el sistema actual de cuidados. Esta estrategia, respaldada con 1.300 millones de euros de fondos europeos, pretende alejarse del modelo de macroresidencias y potenciar los cuidados en el hogar, además de mejorar las condiciones laborales en el sector de los cuidados.
Alrededor del 10% de la población podría beneficiarse de estas medidas, considerando que al menos 300.000 personas mayores están en lista de espera para acceder a alguna de las más de 22.000 residencias disponibles en el país.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, afirmó que esta estrategia marca "el inicio de una revolución en el modelo de cuidados en España". Bustinduy subrayó que el futuro no radica en construir más macroresidencias, sino en proporcionar recursos para que las personas puedan vivir en sus hogares y comunidades el mayor tiempo posible, con el apoyo necesario.
Según el documento obtenido por Europa Press, La estrategia, que se aplicará entre 2024 y 2030, busca asegurar que todas las personas, independientemente de sus necesidades de apoyo, puedan desarrollar sus proyectos de vida en su entorno, contribuyendo a sus comunidades y disfrutando de sus derechos fundamentales.
La estrategia se articula en torno a cinco ejes principales, la prevención de las institucionalización, con la creación de mecanismos para evitar la dependencia de instituciones, la participación y concienciación social para fomentar la implicación de la comunidad y la sociedad en los cuidados. La tercera estrategia consiste en la transformación de modelos de cuidado, mediante la reorientación hacia servicios y apoyos basados en la comunidad, la siguiente consiste en el desarrollo de nuevos servicios, implementando nuevas formas de apoyo comunitario. Por último, la quinta estrategia consiste en determinar condiciones habilitadores, por medio de una revisión normativa, financiamiento adecuado, y cooperación interinstitucional para facilitar la vida en la comunidad.
El plan también está diseñado para otros grupos que necesitan apoyo, como personas con problemas de salud mental, víctimas de violencia de género, y solicitantes de protección internacional.
La implementación de esta estrategia se dividirá en tres planes operativos: 2024-2025, 2026-2027, y 2028-2030. Estos planes definirán objetivos y medidas concretas que se revisarán y actualizarán anualmente. La financiación inicial de 1.300 millones de euros proviene de los Fondos Estructurales de la Unión Europa y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y se complementará durante su despliegue.
Actualmente, se estima que entre 4.421.110 y 6.565.901 millones de personas en España requieren cuidados, de las cuales 350.258 reciben atención en instituciones residenciales. La estrategia también aborda la carga de cuidados que recae sobre las familias, especialmente sobre las mujeres, limitando su autonomía y perpetuando desigualdades de género.
Bustinduy destacó que mejorar las condiciones laborales y salariales del personal del sector es crucial. Este grupo está compuesto mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas migrantes, que trabajan en cuidados domiciliarios y residencias. Mejorar sus condiciones es una prioridad para asegurar un sistema de cuidados justo y equitativo.
La nueva estrategia representa un esfuerzo significativo para transformar el modelo de cuidados en España, priorizando la vida en la comunidad y mejorando las condiciones laborales en el sector. Este enfoque, financiado con una importante dotación inicial, busca adaptarse a las necesidades de la población y reducir la dependencia de grandes instituciones, alineándose con las preferencias de la mayoría de los ciudadanos y las normativas internacionales.
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