Una asociación denuncia que nueve comunidades se quedaron con los fondos de dependencia de 2022

Nueve gobiernos autonómicos "hicieron caja" en 2022 con el incremento de los fondos destinados por los Presupuestos Generales del Estado para dependencia, "aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes".

Esta es una de las conclusiones del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, hecho público este miércoles, que también señala que 45.360 personas fallecieron en 2022 mientras estaban en las listas de espera de la dependencia, lo que significa una muerte en estas circunstancias cada 12 minutos.

Indica además que la inversión pública en Atención a la Dependencia fue el año pasado de 10.234 millones de euros, que la aportación de las comunidades autónomas se redujo en 98 millones y que sigue existiendo una "acusada desigualdad territorial" en cuanto a financiación.

Los datos del Observatorio de la Dependencia muestran que las comunidades que en 2022 disminuyeron el gasto en la atención a personas en situación de dependencia respecto a 2021 fueron Cataluña (-57,3 millones de euros), Cantabria (-8,7), Asturias (-10,8), la Comunidad Valenciana (-40,6), Andalucía (-51,6), Extremadura (-11), Madrid (-15), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1).

Califica como "especialmente sangrantes" los "recortes" que se han producido en Murcia y Cataluña, comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia, y en cambio destaca en positivo los incrementos de Baleares (17 %) y Navarra (8,8 %).

Como un "elemento crucial" de la "acusada desigualdad territorial", destaca que las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706) y Navarra (1.701), mientras "a la cola" continúan Canarias (801 euros) y Galicia (615).

Por persona efectivamente beneficiaria, el gasto anual medio fue de 8.135 euros, de los cuales el Estado aportó 2.115 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.020 euros.

La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue País Vasco, con 13.390 euros anuales, lo que duplica el gasto de la que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.547 euros anuales.

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